Se indica en el informe de la Cuenta Pública 2025 entregado hoy al Congreso del Estado de Sonora.
• Falta de Documentación Comprobatoria: Omisión en la presentación de bitácoras de entrega, hojas de liquidación emitidas por Hacienda (Ramo 28) o contratos formales de prestación de servicios. Por ejemplo, en un solo caso como Pitiquito, quedaron bajo la lupa más de 12 millones de pesos en pólizas de ingresos sin hojas de liquidación y 1.2 millones en bienes sin bitácoras.
• Incumplimientos de Nómina y Obra: Variaciones significativas en contratos de obra pública, gastos catalogados como presuntamente improcedentes y violaciones a la Ley de Disciplina Financiera en Servicios Personales (incrementos desmedidos de nómina o pagos sin retención de ISR).
Filiación política de los municipios reprobados
Las administraciones municipales responsables de la Cuenta Pública 2025 corresponden a los ayuntamientos electos para el periodo 2024-2027 (o quienes cerraron la gestión anterior a mediados de 2024). La distribución abarca distintas fuerzas políticas en el estado.
La auditora mayor del ISAF informó que el universo fiscalizado ascendió a 120 mil 323 millones de pesos y detalló que, en el ámbito estatal, los ingresos recaudados fueron de 100 mil 462 millones de pesos, mientras que en el municipal se registraron 20 mil 612 millones de pesos.
Asimismo, señaló que se llevaron a cabo 327 auditorías, de las cuales 166 correspondieron al ámbito estatal y 161 al municipal.
Su reprobación afecta de manera generalizada tanto a municipios gobernados por el bloque oficialista (Morena, PT, PVEM) como por la oposición (PAN, PRI, MC), evidenciando que las fallas técnicas y administrativas se presentan de forma transversal, principalmente detonadas por el tamaño de la demarcación y sus limitaciones operativas.
El diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza (Morena), presidente de la comisión, dio la bienvenida a Beatriz Elena Huerta Urquijo, auditora mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).En la reunión participaron las diputadas Ernestina Castro Valenzuela (Morena), María Eduwiges Espinoza Tapia (Morena) e Iris Fernanda Sánchez Chiu (PRI), así como los diputados Norberto Barraza Almazán (PES), Raúl González de la Vega (PVEM) y Eduardo Quiroga Jiménez (NAS).
Durante su comparecencia, la auditora mayor del ISAF informó que el universo fiscalizado ascendió a 120 mil 323 millones de pesos y detalló que, en el ámbito estatal, los ingresos recaudados fueron de 100 mil 462 millones de pesos, mientras que en el municipal se registraron 20 mil 612 millones de pesos.
Asimismo, señaló que se llevaron a cabo 327 auditorías, de las cuales 166 correspondieron al ámbito estatal y 161 al municipal.
En cuanto a las acciones de fiscalización, indicó que a los entes estatales se les determinaron mil 167, dirigidas a dependencias, entidades, los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos, organizaciones civiles y sindicatos. En el ámbito municipal se determinaron mil 926 acciones a entes municipales y paramunicipales.
Respecto a las observaciones, Huerta Urquijo informó que se determinaron 619 pliegos de observaciones a los entes estatales, de los cuales 461 se encuentran pendientes de solventar.
En el ámbito municipal se determinaron mil 352 pliegos, de los cuales mil 75 continúan pendientes de solventar.
De los 92 entes públicos estatales, 86 aprobaron y seis obtuvieron una calificación no aprobatoria, entre los que se encuentran el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), la Comisión Estatal del Agua (CEA), Radio Sonora, el Fideicomiso Puente Colorado (Fipuco), el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop) y la Universidad de Sonora (Unison).
En el ámbito municipal, 17 municipios obtuvieron una calificación no aprobatoria: Bacerac, Bácum, Benjamín Hill, Cananea, Cumpas, Huachinera, Huatabampo, Huépac, Naco, Nacozari de García, Oquitoa, Pitiquito, San Pedro de la Cueva, Sáric, Soyopa, Ures y Yécora.
Al concluir la presentación, se abrió un espacio de preguntas y respuestas, en el que las y los diputados integrantes de la comisión plantearon diversas inquietudes, mismas que fueron atendidas por la auditora mayor.
