Por:GREGORIO RAMIREZ VALDEZ/ELPOLICIACO24.COM.MX
#GRV #GRERAVA #VAQUITAMARINA
Phocoena sinus en peligro de extinción
Jurisprudencia de Soporte Procesal.
Para asegurar la admisión del amparo y el otorgamiento de la suspensión, se recurre a la tesis 2027846, la cual dicta que el parámetro para suspender un acto en materia ambiental se integra de forma directa con el Convenio de Escazú. Esto flexibiliza el interés legítimo: basta con habitar o defender la región impactada para exigir la suspensión del acto regresivo.
Organizaciones Ambientales Promoventes
El documento destaca la participación conjunta de tres actores clave en el activismo ecológico.
Responde a batalla legal crítica de la defensa legal urgente para evitar la extinción de la vaquita marina.
• Conservación de Mamíferos Marinos de México, A.C. (COMARINO): Asociación civil mexicana especializada en la investigación, rescate y conservación de la fauna marina en aguas nacionales.
• Greenpeace México, A.C.: Rama nacional de la organización global que realiza campañas para detener el cambio climático, la destrucción ecológica y promover soluciones sustentables.
Contexto de la Acción Legal
La unión de estas tres entidades para litigar de manera conjunta (litisconsorcio pasivo/activo en materia ambiental) sugiere que el acto reclamado afecta directamente a ecosistemas vulnerables, de forma prioritaria a especies marinas y terrestres protegidas o áreas naturales de la región del noroeste de México.
El juicio se tramita ante un Juez de Distrito con residencia en Mexicali, Baja California.
Las organizaciones ambientales presentaron este recurso como respuesta directa a un nuevo acuerdo publicado por el Gobierno de México en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de octubre de 2026.
Las organizaciones señalan que el decreto flexibiliza las normas de pesca en el Alto Golfo de California al recortar un 86% el área protegida donde se prohibían las redes de enmalle, abrir un corredor de navegación en la «Zona de Tolerancia Cero» y aplazar un año el monitoreo satelital en embarcaciones menores.
Asimismo, se acusa a la normativa de ignorar las advertencias del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) respecto a avistamientos de ejemplares fuera de los polígonos originales.
2. Argumentos Jurídicos Clave del Amparo
El recurso legal se sostiene en tres ejes principales:
• Falta de participación pública: Se alega una violación al Acuerdo de Escazú al reducir la protección de forma unilateral y sin consulta previa.
• Principio de no regresión ambiental: Se argumenta que el Estado tiene prohibido disminuir las salvaguardas ecológicas ya alcanzadas.
• Riesgo crítico de extinción: Con una población estimada en cerca de 10 ejemplares, permitir redes de enmalle amenaza con extinguir definitivamente a la especie (Phocoena sinus).
3. Estatus de la Solicitud
Las agrupaciones solicitaron al juzgado federal una suspensión provisional y definitiva para frenar la reducción del área y preservar las restricciones vigentes de 2020 mientras se resuelve el juicio.
Principio de No Regresión Ambiental es la piedra angular sobre la que estas organizaciones sostienen su demanda. En términos sencillos, este principio dicta que el nivel de protección ambiental ya alcanzado por un Estado no puede ser disminuido ni dar marcha atrás, a menos que esté plenamente justificado por razones de interés público superior y con evidencia científica contundente.
¿Cómo opera este principio dentro del juicio de amparo promovido en Mexicali?
1. El Fundamento en el Derecho Mexicano
Aunque no está explícitamente escrito en el artículo 4° de la Constitución Mexicana (que garantiza el derecho a un medio ambiente sano), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que la «no regresión» se deriva directamente del principio de progresividad de los derechos humanos.
• Una vez que el gobierno emite una ley o decreto que protege un ecosistema o una especie (como el acuerdo de 2020 que restringía la pesca en el Alto Golfo), adquiere la obligación de mantener o mejorar esa protección, nunca de reducirla.
2. La Regresión en este Caso Específico
Las organizaciones ambientales (Center for Biological Diversity, COMARINO y Greenpeace) argumentan que las autoridades cometieron una violación flagrante a este principio al emitir el nuevo acuerdo de octubre de 2026. La regresión se hace evidente en tres puntos:
• Reducción del área protegida: Pasar de un polígono amplio a recortar drásticamente las zonas de restricción de redes de enmalle constituye un retroceso en las salvaguardas ecológicas.
• Apertura de navegación: Permitir el tránsito en la «Zona de Tolerancia Cero» incrementa el riesgo de pesca furtiva que previamente se buscaba erradicar.
• Postergación tecnológica: Retrasar la obligación del monitoreo satelital en las lanchas (pangas) quita una herramienta de vigilancia que ya se consideraba necesaria y obligatoria.
3. El Impacto en los Tribunales (El estándar de prueba)
Al invocar el principio de no regresión en un Amparo Indirecto, la carga de la prueba se invierte. Esto significa que no son las organizaciones las que deben demostrar que el nuevo decreto es dañino; es el Gobierno el que debe demostrar científicamente ante el Juez de Mexicali que reducir la zona de protección no extinguirá a la vaquita marina.
Dado que el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) sostiene lo contrario, el argumento de no regresión se convierte en el arma jurídica más sólida para que el juez federal otorgue la suspensión y ordene congelar el nuevo decreto.
El principio de no regresión no opera de forma aislada; se fortalece mediante los compromisos internacionales que México ha firmado y que tienen rango constitucional:
• Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC): El Capítulo 24 (Medio Ambiente) prohíbe explícitamente a las partes debilitar o reducir sus leyes ambientales con el fin de favorecer el comercio o la inversión.
• Las organizaciones pueden argumentar que flexibilizar las normas en el Alto Golfo de California expone a México a sanciones comerciales internacionales y viola el acuerdo comercial.
• Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB): Obliga al Estado mexicano a garantizar la conservación in situ de los ecosistemas y a desarrollar la legislación necesaria para la protección de especies en peligro crítico, como la vaquita marina (Phocoena sinus).
• Acuerdo de Escazú: Al ser un tratado regional vinculante para México, introduce el principio de progresividad y no regresión de manera directa en el acceso a la justicia y los derechos ambientales.
2. Estructura de los Conceptos de Violación (Argumentos de Queja)
Para que el juicio de amparo prospere, los abogados de las organizaciones plantean formalmente ante el juez los siguientes razonamientos:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CLAVE │ ├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. Violación al Principio de │ El nuevo acuerdo gubernamental de 2026 reduce de forma injustifi- │ │ Progresividad y No Regresión │ cada los estándares de protección y vigilancia previamente fijados│ │ (Art. 1° y 4° Constitucional) │ en el año 2020. │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. Falta de Justificación y │ La autoridad emisora modificó las poligonales de exclusión sin con- │ │ Sustento Científico │ tar con dictámenes técnicos o recomendaciones biológicas que ava- │ │ │ len que la reducción del área no dañará a la especie. │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. Inversión de la Carga de │ Conforme al principio precautorio, corresponde a las autoridades │ │ la Prueba │ demostrar plenamente ante el juzgado que permitir la libre navega- │ │ │ ción en zonas críticas no detonará la pesca ilegal de totoaba. │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
3. Ruta Crítica en el Juzgado de Mexicali
La aplicación inmediata de este principio busca que el Juez de Distrito conceda la suspensión provisional (y posteriormente la definitiva). El estándar de la SCJN determina que, ante la apariencia de un buen derecho y el peligro en la demora, el juzgador debe paralizar los efectos del acto reclamado si este implica una pérdida irreversible de biodiversidad.
Para sostener el amparo en Mexicali, las organizaciones invocan criterios fundamentales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La jurisprudencia mexicana ha construido una sólida doctrina en materia ambiental utilizando tres precedentes clave que obligan a los jueces a congelar decretos regresivos:
1. El precedente de las áreas verdes y la progresividad
La SCJN determinó en las tesis jurisprudenciales de la Segunda Sala (como las P./J. 206/2026 y 207/2026 y las relativas a la Ley Ambiental, 2032312 y 2032314) que cualquier modificación normativa a espacios protegidos o áreas protegidas debe traducirse obligatoriamente en un incremento o conservación de su extensión.
• Aplicación al caso: Modificar las poligonales de exclusión de redes en el Alto Golfo para reducir el área de resguardo es una violación directa a la vertiente de progresividad analizada en estos precedentes.
2. La extinción de fondos ambientales (Fondo para el Cambio Climático)
En la tesis jurisprudencial 2031084 de la Segunda Sala, la Corte resolvió que la desaparición de fideicomisos o herramientas financieras destinadas a la protección ecológica sin una alternativa equivalente constituye una medida regresiva que afecta el derecho a un medio ambiente sano.
• Aplicación al caso: Postergar el monitoreo satelital obligatorio en embarcaciones menores elimina una herramienta técnica de fiscalización y protección ya alcanzada, equiparándose al desmantelamiento de salvaguardas institucionales prohibido por la SCJN.
3. El estándar de la «Inversión de la Carga de la Prueba»
A través de la tesis 1a./J. 131/2025, la Primera Sala de la Corte estableció que en reclamos por riesgo o daño ecológico existe una asimetría procesal estructural. Por ello, basándose en el principio precautorio y el Acuerdo de Escazú, el juzgador debe revertir la carga de la prueba hacia la autoridad o agente demandado.
• Aplicación al caso: El Juez de Mexicali no debe exigirle a Greenpeace o COMARINO probar de forma absoluta que el decreto extinguirá a la vaquita marina. Bajo este precedente, las autoridades federales son las obligadas a demostrar con estudios científicos idóneos que la reducción del polígono no provocará la desaparición de la especie.
Jurisprudencia de Soporte Procesal
Para asegurar la admisión del amparo y el otorgamiento de la suspensión, se recurre a la tesis 2027846, la cual dicta que el parámetro para suspender un acto en materia ambiental se integra de forma directa con el Convenio de Escazú. Esto flexibiliza el interés legítimo: basta con habitar o defender la región impactada para exigir la suspensión del acto regresivo.
