Altos Funcionarios Públicos del periódo de Felipe Calderón por impunidad política evadieron su responsabilidad hace 17 años,inclusive Ernesto Gándara todavía fue Senador gozando de privilegios políticos.
Eduardo Bours Castelo,Wilebaldo Alatriste Candiani, Juan Molinar Horcasitas, Altagracia Gómez del Campo,Ernesto Gándara Camou, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, Sandra Téllez Nieves, Gildardo Urquídez Serrano, Sergio Antonio Salazar, Roberto Copado Gutiérrez, Ramsés Arce, entre otros.
La acción penal “imprescindible” significa que el paso del tiempo no impide que el Estado mexicano investigue un hecho delictuoso a fin de esclarecer lo ocurrido.
Altos Funcionarios Públicos del periódo de Felipe Calderón por impunidad política evadieron su responsabilidad hace 17 años, pero ahora llegará la justicia en la guarderia ABC, por negligencia hubo 49 fallecidos y 106 niños lesionados con secuelas.
Aquí los nombres de 11 implicados.
Aunque un juez sentenció a 19 personas en 2016, ninguna está en la cárcel. El dictamen original de la Suprema Corte y las protestas de los padres señalan que los jefes reales de las instituciones evadieron la prisión:
El 5 de junio de 2009 el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, privó de la vida a 49 niñas y niños y dejó a decenas de menores de edad lesionados cuando el humo y fuego los alcanzó.
• Eduardo Bours Castelo: Era el gobernador de Sonora cuando ocurrió el incendio en Hermosillo. Se le acusa de negligencia en el sistema de protección civil del estado.
*Wilebaldo Alatriste Candiani se desempeñó como el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora durante la gubernatura de Eduardo Bours Castelo. Bours fue señalado por presuntas omisiones y negligencia institucional, lo que motivó denuncias formales del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En la causa penal y las investigaciones en torno al incendio de la Guardería ABC el 5 de junio de 2009, las acusaciones contra la administración de Bours se centraron en la falta de supervisión del Sistema Estatal de Protección Civil y el incumplimiento de protocolos de seguridad.
• Juan Molinar Horcasitas: Fue director general del IMSS. Otorgó los contratos de subcontratación a la guardería sin verificar la seguridad.
• Falleció en 2015 sin ir a juicio.
Daniel Karam Toumeh: Sustituyó a Molinar Horcasitas en la dirección del IMSS.
• Es señalado por la falta de supervisión y por ocultar información del caso.
• Ernesto Gándara Camou: Era el presidente municipal de Hermosillo. Su administración falló en las revisiones de bomberos y permisos de locales.
• Después de 2009, Ernesto “El Borrego” Gándara Camou ocupó un cargo de elección popular formal, además de fungir como precandidato y candidato en distintos procesos electorales, sin ser castigado.
Los cargos y postulaciones que ha tenido desde entonces son los siguientes:
• Senador de la República: Ejerció como Senador por el estado de Sonora durante la LXIII Legislatura, cargo que ocupó del 29 de agosto de 2015 al 31 de agosto de 2018.
• Candidato a Gobernador de Sonora (2021): Compitió en las elecciones de 2021 representando a la coalición «Va por Sonora» (formada por el PRI, PAN y PRD), para lo cual renunció a su militancia en el PRI.
• Otros procesos internos: Previamente, en 2015, participó como precandidato a la gubernatura de Sonora.
Los Socios y Dueños de la Guardería
La guardería privada operaba bajo un modelo de subcontratación del IMSS. Los dueños tenían nexos directos con el poder político de Sonora:
• Altagracia Gómez del Campo: Socia fundadora de la guardería y prima de Margarita Zavala (esposa del entonces presidente Felipe Calderón).
• Los padres denuncian que su parentesco la protegió de la cárcel.
• Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella: Socia de la estancia que fue absuelta de cargos penales de forma muy polémica al inicio del caso.
• La posibilidad de que sea detenida nuevamente se fundamenta en las siguientes directrices legales y resoluciones:
• Imprescriptibilidad de los delitos: La SCJN determinó que los crímenes relacionados con la tragedia de la Guardería ABC constituyen graves violaciones a los derechos humanos de niñas y niños, por lo que el paso del tiempo no extingue la acción penal ni la posibilidad de procesar a los implicados.
• Precedente de otros socios: Aunque ella obtuvo una absolución federal inicial, otros socios y directivos han enfrentado procesos judiciales, e incluso han sido aprehendidos posteriormente (como el caso de la copropietaria Sandra Téllez Nieves, detenida en Estados Unidos por la Interpol).
• Vía jurídica abierta: Con el fallo reciente de la SCJN, el blindaje judicial que eximió a varios de los involucrados originales está sujeto a revisión, lo que permite a las autoridades federales reabrir líneas de investigación y solicitar nuevas órdenes de aprehensión para evitar la impunidad.
Para que Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella pueda ser detenida y procesada nuevamente, las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) deben solicitar una nueva orden de captura argumentando la gravedad de los hechos y solicitar su cumplimiento a través de los juzgados federales correspondientes.
• Gildardo Urquídez Serrano: Otro de los socios principales. Consiguió amparos para evitar las sentencias graves de cárcel.
⚖️ Situación Actual de los Procesos Penales
• Sergio Antonio Salazar: Exdirector de Prestaciones Económicas del IMSS. Intentó archivar su caso argumentando que ya pasó mucho tiempo, pero la SCJN rechazó su petición. Su proceso penal sigue abierto.
• Roberto Copado Gutiérrez: Exdirector de Protección Civil de Hermosillo. Fue arrestado en Arizona, Estados Unidos, siendo uno de los pocos exfuncionarios que enfrenta detención real por sus omisionesminó que no vence la posibilidad de que se pueda investigar penalmente a los presuntos responsables, dada la gravedad y las circunstancias que se registraron en esta tragedia registrada en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Ramsés Arce era el director de seguridad pública municipal en Hermosillo el 2009 hoy en las filas de la Policia Estatal de Seguridad Pública.
El proyecto del amparo en revisión 648/2024, bajo la ponencia de laministra Loretta Ortiz Ahlf
, detalla que una acción penal “imprescindible” significa que el paso del tiempo no impide que el Estado investigue un hecho delictuoso a fin de esclarecer lo ocurrido, evitar la impunidad y asegurar la reparación integral de las víctimas.
La SCJN resolvió laFacultad de Investigación 1/2009 en la que determinó que los hechos acontecidos en el caso de la Guardería ABC constituyeron violaciones graves a las entonces denominadas “garantías individuales”.
Por ello, Ortiz Ahlf consideró aplicable el último párrafo del artículo 106 de laLey General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que prohíbe declarar la prescripción en perjuicio de infancias, como una medida jurídica relacionada con la situación de vulnerabilidad en que se encontraban los infantes al momento de los hechos.
En aras de no permitir que graves violaciones de derechos humanos gocen de condiciones de impunidad, la prescripción es inadmisible e inaplicable respecto de la acción penal ejercida por delitos cometidos en los hechos como el caso de la Guardería ABC”, consideró.
Lo anterior, señaló “a fin de garantizar el derecho de las víctimas y de sus familiares a la reparación del daño, combatir la impunidad, evitar la repetición de los hechos y el olvido por parte de la sociedad de los eventos delictivos”.
Por su parte, la ministraYasmín Esquivel Mossa señaló que a 17 años de lo ocurrido las madres y padres de las víctimas no han dejado de exigir justicia y que la verdad de lo ocurrido no se extinga y que nadie pueda ampararse para que el caso quede en la impunidad.
El asunto obliga a la SCJN a volver la mirada hacia uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia reciente. El 5 de junio de 2009 el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, privó de la vida a 49 niñas y niños y dejó a decenas de menores de edad lesionados cuando el humo y fuego los alcanzó”, refirió.
Eran la primera infancia de este país que se encontraba bajo el cuidado del Estado. A 17 años de aquella fecha su ausencia continúa pesando entre nosotros y nos recuerda a la vez la fragilidad de la vida y la profunda deuda del Estado mexicano con la infancia”.
Como el pleno de la Suprema Corte respaldó el proyecto de la ministra, se declararon infundados los argumentos del exfuncionario del IMSS y se devolvió el asunto alTribunal Colegiado para que continúe su análisis conforme al nuevo criterio establecido.
Aún falta castigar a los altos funcionarios públicos y a dueños clave de la estancia. Aunque un juez sentenció a 19 personas en 2016, ninguna está en la cárcel debido a que sus delitos fueron considerados no graves. Las familias de los 49 niños fallecidos y 106 heridos siguen exigiendo juicios para los verdaderos responsables políticos y privados.
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que estos delitos no prescriben. Esto significa que el gobierno todavía puede investigar y encarcelar a los implicados.
El Policiaco 24 