La remoción de arenas podría dispersar químicos tóxicos como uranio, arsénico, cobalto y níquel, que suelen acompañar los depósitos de fosfatos.
El proyecto minero afectaba un lugar “ecológicamente sensible” —hábitat de la tortuga caguama (Caretta caretta), ballena gris (Eschrichtius robustus) y azul (Balaenoptera musculus), lobos marinos (Zalophus californianus),
A finales de 2024, México canceló las tres concesiones mineras otorgadas al conglomerado liderado por Odyssey Marine Exploration.
México se enfrenta a compañía de Estados Unidos que busca extraer fósforo en el Golfo de Ulloa Baja California Sur
Existen pesquerías de alto valor comercial, avistamiento de mamíferos marinos, pesca deportiva e investigación científica.
Las preocupaciones ambientales legítimas. Se trata de un laudo sumamente lamentable”, sostiene Sands, quien asegura que “se han desconocido las pruebas y el derecho”.
La química oceánica Janette Murillo, quien ha estudiado distintos puntos costeros de Baja California, advierte que sólo la remoción de arenas podría dispersar químicos tóxicos como uranio, arsénico, cobalto y níquel, que suelen acompañar los depósitos de fosfatos.
“Si se remueven esos sedimentos van a estar liberando en disolución el uranio, que es lo que más se encuentra, y eso puede ser tomado por organismos vivos y ocasionar una gran mortandad de animales marinos”, explica la investigadora del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (Cicimar, IPN).
Juan Mayorga
30 Jun 2025 Latinoamérica
• La compañía Odyssey Marine Exploration busca extraer fósforo en aguas territoriales de México, a casi 45 kilómetros de la costa de Baja California Sur.
• Un tribunal internacional condenó a México a pagar más de 37 millones de dólares a esta empresa de Estados Unidos, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente negó autorizaciones ambientales para este proyecto.
• Odyssey insiste en impulsar su mina, mientras que pescadores, científicos y activistas advierten sobre los riesgos que implica esta actividad insólita en una zona del Pacífico rica en biodiversidad y producción pesquera.
• Durante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas para los Océanos, 37 países renovaron su llamado a una moratoria global a la minería en aguas profundas.
Cinco datos clave
Un día de octubre de 2012, pescadores de la comunidad costera de Las Barrancas detectaron una embarcación inusual en las aguas del Golfo de Ulloa, donde trabajan, en la península de Baja California Sur, al extremo noroeste de México.
No parecía un barco atunero, sardinero o camaronero, de los que a menudo tienen que reportar a las autoridades por entrar ilegalmente a explotar las aguas donde la cooperativa tiene permisos de pesca exclusivos para abulón, langosta o caracol. A esa extraña embarcación la detectaron desde las casetas de avistamiento y también mediante los radares de monitoreo que han instalado durante años para combatir por su cuenta la pesca ilegal.
“Conocemos todos los barcos pesqueros, pero no sabíamos qué embarcación era esta”, recuerda Tomás Camacho, presidente del consejo de administración de Puerto Chale SCL, una de las 649 cooperativas de pesca creadas desde el siglo pasado a lo largo de la costa sudcaliforniana, que dan trabajo a poco más de 5000 pescadores.
El misterioso barco era el Dorado Discovery, una nave de investigación de 96 metros de eslora que en ese momento (entre 2012 y 2013) realizaba una extensa campaña de prospección y muestreo del fondo marino para la empresa Odyssey Marine Exploration.
Pescador de la comunidad de las barrancas señala la costa del Golfo de Ulloa por donde vieron la embarcación de prospección minera de la empresa Odyssey Marine Exploration en 2012. Foto: Juan Mayorga
Esta compañía estadounidense, experta en la recuperación de naufragios y tesoros varados en el fondo de los mares, analizaba la viabilidad de explotar otro tipo de riqueza submarina: fosfato disuelto en arenas del lecho oceánico. Este mineral es fácilmente procesable para obtener fósforo, que se utiliza masivamente en la agricultura como fertilizante para acelerar y mejorar el crecimiento de las cosechas.
Odyssey tenía en la mira esta potencial riqueza desde que inició sus estudios de la zona en 2010 y para junio del 2012 ya había obtenido una concesión minera de 2680 kilómetros cuadrados a través de su filial en México, Exploraciones Oceánicas, S. de R.L. de C.V.
En 2014, la Dirección General de Minas de México le otorgó dos concesiones adicionales totalizando un área de 3,029 kilómetros cuadrados, el equivalente a dos veces la Ciudad de México. Esta área se superpone con un punto del Pacífico noroccidental clasificado por científicos de México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica como “centro de actividad biológica”, donde existen pesquerías de alto valor comercial, avistamiento de mamíferos marinos, pesca deportiva e investigación científica.
La concesión minera fue bautizada “Oceánica”, pero el proyecto minero en su conjunto sería conocido como Don Diego, por el nombre del yacimiento en el que se concentraría la explotación.
Según documentos de Odyssey Marine Exploration, se trata de “uno de los depósitos de fosfato más grandes y altos de grado in situ en el mundo y el único recurso marino de este tipo hallado en México”. Con casi 588 millones de toneladas de fosforita, es capaz de satisfacer la demanda de fertilizantes en Norteamérica por un siglo, agrega la empresa.
El plan de extracción de la empresa es succionar las arenas fosfáticas desde una embarcación en donde se separaría el fosfato y luego devolvería con otro tubo el excedente al lecho marino. Aunque Odyssey alega que la tecnología de dragado submarino existe y opera en distintas zonas costeras de México y el mundo, el procedimiento completo no se ha probado en ninguna parte.
Los pescadores de la zona aseguran haber visto ya un aumento en la mortandad de tortugas y mamíferos marinos tan solo durante la prospección iniciada por Odyssey en 2012.
“Si ese proyecto se autoriza y lo echan a andar, nos va a fregar la pesca, que es la columna vertebral que sostiene económica, social y culturalmente a las comunidades costeras en el Golfo de Ulloa”, afirma Tomás Camacho.
Desde 2014, Camacho y sus compañeros en la cooperativa Puerto Chale, al igual que otros pescadores, activistas, científicos, líderes políticos y ciudadanos en Baja California Sur, han rechazado pública y continuamente el proyecto Don Diego y exigido su cancelación.
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México, condenado a pagar 37 millones de dólares
Entre 2012 y 2018, Odyssey Marine Exploration empeñó millonarios recursos económicos y humanos para desarrollar los estudios de impacto ambiental necesarios para que el gobierno mexicano le autorizase a emprender su mina submarina.
En 2019, tras al menos dos negativas de la Secretaría de Medio Ambiente para autorizar el proyecto (2014 y 2016), la empresa demandó al gobierno mexicano por supuesto trato injusto en comparación a inversiones mexicanas. De acuerdo con el procedimiento para dirimir controversias contemplado en el Tratado del Libre Comercio para América del Norte, el caso sería revisado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la entidad del Banco Mundial para dirimir diferencias entre gobiernos e inversionistas.
La disputa legal transcurrió al margen de la pandemia por Covid-19 y de la última elección presidencial en México, y llegó a una conclusión el 17 de septiembre de 2024, cuando dos de los tres jueces que integraron el tribunal del CIADI para el caso dieron la razón a Odyssey. Según el laudo del tribunal, la negación de los permisos ambientales para la mina submarina se basó en “una conducta gravemente arbitraria y caprichosa por parte de la autoridad ambiental” y no en la evaluación de la evidencia científica presentada por la empresa.
Aunque Odyssey demandó una indemnización superior a los 3000 millones de dólares, el tribunal condenó al Estado mexicano a pagar poco más de 37.
• El ex secretario de Medio Ambiente Rafael Pacchiano (izq.), junto al expresidente Enrique Peña Nieto, en la portada de una publicación. Pacchiano fue señalado por negar permisos ambientales al proyecto de mina submarina con base en supuestas «razones personales o políticas». Foto: Semarnat / Gobierno de México
El gobierno de México respondió dos días después con un comunicado en el que desaprobó el fallo del tribunal y anunció que interpondría un recurso de apelación. A finales de 2024, México canceló las tres concesiones mineras otorgadas al conglomerado liderado por Odyssey Marine Exploration.
Ante la solicitud de Mongabay Latam, la dirección jurídica de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía confirmó a principios de junio que la apelación contra el fallo del tribunal de arbitraje ya fue presentada, pero informaron que no podían dar más información debido a que el caso se encuentra en litigio. Sin embargo, expertos en derecho comercial e internacional explicaron que, por la manera en que funcionan estas instancias de arbitraje, es sumamente difícil que México pueda revertir el fallo en su contra.
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“Un laudo novedoso en el peor de los sentidos”
El fallo del tribunal de arbitraje contra México se basó en un presunto comportamiento parcial del entonces secretario de Medio Ambiente, Rafael Pachianno (2015-2018). Según el laudo, de acuerdo con testimonios de dos subalternos en el mismo ministerio, el funcionario habría dado instrucciones explícitas para que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) negara las autorizaciones, motivado en “razones personales relacionadas con los propios intereses del Sr. Pacchiano”.
En su comunicado de desaprobación al laudo arbitral del 19 de septiembre de 2024, emitido por la Secretaría de Economía, el gobierno mexicano reitera los argumentos presentados durante el juicio de arbitraje: que el proyecto minero afectaba un lugar “ecológicamente sensible” —hábitat de la tortuga caguama (Caretta caretta), ballena gris (Eschrichtius robustus) y azul (Balaenoptera musculus), lobos marinos (Zalophus californianus), entre otros—; que la empresa Odyssey carecía de experiencia minera porque su actividad principal había sido la búsqueda de tesoros marinos; y que las técnicas de dragado del lecho marino propuestas por la empresa no se habían realizado en ninguna parte del mundo.
Además, el gobierno mexicano consideró que el tribunal de arbitraje dio “un peso desproporcionado” a las declaraciones de los dos empleados de la Secretaría del Medio Ambiente, quienes, según se dio a conocer en el juicio, recibieron de Odyssey un pago cuantioso como compensación al tiempo dedicado en presentar su testimonio. Esto fue calificado por el gobierno mexicano como un conflicto de interés.
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La tortuga caguama es una de las especies más vigiladas y consideradas ante cualquier actividad extractiva en el Golfo de Ulloa. Foto: Roberto Pillon CC BY-NC
Los argumentos defendidos por México son compartidos dentro del país por colectivos de activistas, científicos y especialistas en derecho ambiental internacional. Entre estos últimos se encuentra Phillippe Sands, un abogado francobritánico que, además de ser el árbitro elegido por México durante el arbitraje comercial, es una autoridad internacional en materia de juicios internacionales, autor de más de una docena de libros en la materia y profesor en las universidades del Colegio de Londres (UCL) y Harvard.
En una “opinión disidente” publicada en el laudo del tribunal, Sands hace una dura crítica al trabajo de sus colegas en el tribunal. Según Sands, los abogados no solo habrían hecho una errada interpretación de la ley, sino que habrían omitido información clave. Los acusa de “ignorar pruebas en cuanto al daño ambiental en su totalidad”, como por ejemplo las que dan cuenta de que el proyecto impactará el hábitat de tortugas marinas —incluyendo la amenazada tortuga caguama o cabezona—, de ballenas y de otros mamíferos marinos.
“A modo de conclusión, no puedo dejar de expresar la opinión de que este laudo inédito e inquietante es novedoso e innovador en el peor de los sentidos”, escribe el jurista británico, quien ha participado en más de un centenar de casos de arbitraje internacional.
“En un momento en el que los Estados empiezan, por fin, a reconocer los retos y complejidades de tomar decisiones que pueden tener repercusiones significativas en el medio ambiente, y a medida que se comprende cada vez mejor la fragilidad de nuestro medio marino, la mayoría (de jueces) ha hecho caso omiso […] de las preocupaciones ambientales legítimas. Se trata de un laudo sumamente lamentable”, sostiene Sands, quien asegura que “se han desconocido las pruebas y el derecho”.
El experto en impacto ambiental Carlos del Razo, quien colaboró en el arbitraje como asesor del gobierno mexicano, lamenta que los argumentos ambientales, como por ejemplo el alcance del principio precautorio, la regulación de actividades extractivas específicas o de las medidas de mitigación de daños, hayan quedado soslayados por el supuesto abuso administrativo contra Odyssey a manos de las autoridades mexicanas.
“El laudo se volcó a revisar si el inversionista había sido tratado indebidamente por razones metajurídicas (los supuestos intereses políticos o personales del ex secretario Rafael Pacchiano), más allá de la biodiversidad”, explicó Del Razo, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. “Aunque pueda haber asuntos polémicos, si la decisión del Estado mexicano a través de la Secretaría de Medio Ambiente no va en contra de sus propios principios y lineamientos en materia ambiental, la verdad es que no deberíamos discutir mucho más”, dijo.
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El lobo marino californiano es otra de las especies emblemáticas presentes en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. Foto: Luis Pérez CC BY-NC / Enciclovida Conabio
En línea con Philippe Sands, Del Razo considera que este laudo sienta un precedente negativo para futuros arbitrajes de inversión, debido a que constituye una especie de jurisprudencia que tendrán que atender los jueces de controversias similares a la hora de emitir sus resoluciones, con potenciales efectos en la política y gestión ambiental de Estados soberanos.
“Lo que hace este laudo es prácticamente minimizar o soslayar la capacidad regulatoria que tienen los Estados para decidir sobre el manejo de sus recursos naturales, territorio y medio ambiente”, explica Del Razo.
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Mural contra la contaminación en la comunidad pesquera de Las Barrancas, Baja California Sur, donde pescadores organizados han rechazado públicamente un proyecto de minería submarina en sus costas. Foto: Juan Mayorga
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