Brotan mentiras institucionales, enfermos y desechos mineros, a 2 años del derrame en Sonora
Por Milton Martínez
BACANUCHI, Son.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó con secrecía institucional a dependencias y delegaciones federales que los enfermos por contaminación de metales pesados en sangre y orina se elevaron a casi el doble de los 360 reconocidos públicamente y que el fluido tóxico derramado por la mina Buenavista del Cobre el 6 de agosto de 2014 se filtró a los pozos y tuberías que llevan el agua potable a la población asentada a los márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi. En el informe confidencial de 26 hojas al que tuvo acceso Proceso revela en el capítulo de Estudios de laboratorio y de diagnóstico que en 2015 se confirmaron 624 casos de personas afectadas en su salud con metales pesados en sangre y orina, una cantidad que duplica lo aceptado mediáticamente por Cofepris.
Además, el Laboratorio Médico Polanco, encargado de realizar los estudios a los potenciales enfermos, reportó que este año se encuentran otras 295 personas bajo análisis para definir si fueron alcanzados por los lixiviados de cobre y metales pesados que recorrieron 271.6 kilómetros desde el arroyo Tinajas en Cananea a la presa El Molinito en Hermosillo.
Este informe enviado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Salud (SSA), de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagarpa); del Trabajo y Previsión Social (STPS), de Gobernación (Segob); así como a la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (Profepa) y a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas) es aún más devastador.
En el apartado Pozos de agua para consumo humano, diseñado por Laboratorio ABC, se señala que de 566 muestras un total de 208 se encuentran fuera de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 debido a su alta concentración de arsénico, fierro, manganeso, sulfatos, fluoruros, “dureza total” y “turbiedad”.
Esta comunicación interinstitucional no precisa los miligramos por litro (mg/l) que se encontraron de cada uno de los elementos o tóxicos mineros hallados en las fuentes de agua.
No obstante, la norma titulada como Salud ambiental, agua para uso y consumo humano – límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización establece que el arsénico no deber rebasar los 0.20 mg/l.
En el caso del fierro el límite máximo permitido es de 0.30 mg/l; en el manganeso es de 0.15 mg/l; los sulfatos 400 mg/l; los fluoruros 1.50 mg/l; la “dureza total” (concentración de iones de calcio magnesio, estroncio y bario) es de 500 mg/l; y la “turbiedad” (residuos biológicos) no está precisada.
El municipio con mayores concentraciones de metales pesados es Baviácora. En esta comunidad localizada a 134 kilómetros al nororiente de Hermosillo, se detectó que de 150 tomas 105 se encontraron “fuera de norma”.
En Ures, el ayuntamiento con mayor densidad poblacional en la zona ribereña, cuenta con 56 muestreos que superan todo límite máximo permitido para el consumo humano de agua.
En Aconchi, de fama internacional por sus aguas termales, 19 exámenes hidrológicos fueron desfavorables; en Huépac, el municipio más pequeño del río Sonora, la cantidad se estableció en 15.
Para Arizpe, la primera ciudad en recibir los desechos mineros, el número de muestras “fuera de norma” es de 7; Topahue registró 4; y Banámichi 2. En tanto, Molino de Camou, perteneciente a Hermosillo, resultó con 0 al igual que San Felipe de Jesús.
La doctora Reina Castro Longoria, catedrática e integrante del Departamento de Investigaciones Cinetíficas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora lamentó el doble discurso de la autoridad federal por mantener oculta la información real sobre el número de personas enfermas y la calidad del agua que beben los habitantes de esta zona tras el siniestro minero.
Consideró que las instituciones han mostrado durante 24 meses su incapacidad para manejar una contingencia ambiental tan grave y se pregunta por qué no se convocó a expertos de todo el mundo para frenar la catástrofe.
“Es una omisión criminal, un delito de lesa humanidad; quién castigará a estos funcionarios públicos responsables de dejar correr un desgracia como esta”, expresó.
Euforia injustificada
El delegado sonorense de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), César Alfonso Lagarda Lagarda, inexplicablemente se dijo “muy contento” porque las medidas preventivas de prohibir por cuatro meses la extracción de agua en pozos en un radio de 500 metros a ambos márgenes del río Sonora “fue muy positiva debido a que evitó que las fuentes de agua pudieran contaminarse”.
En la entrevista concretada el pasado lunes 1, el funcionario federal sostuvo que en los pozos abastecedores en la zona del río Sonora “no se ha detectado la presencia de algún metal producto de ese derrame”, pese a los contundentes reportes oficiales que señalan lo contrario.
Y enfatizó: “Como ciudadano y funcionario federal les digo que me da tranquilidad porque en cuanto Cofepris o algún municipio encargado de operar los pozos detecten que el agua no cumple con la norma pues ellos deberán suspender el rebombeo, pero hasta ahorita nadie nos ha informado que haya encontrado que el agua esté contaminada”.
Las declaraciones de Lagarda Lagarda obedecen a la alevosa estrategia mediática de autoridades federales y Grupo México de minimizar casi hasta el olvido el ecocidio que afectó a 22 mil 878 habitantes, no obstante la verdad es inocultable.
Como es el caso de Zoila Hildegardis López, residente de Baviácora, quien sufre desde hace dos años un ardor en la piel y un dolor insoportable en el cuerpo que la postró en cama por meses, mermó su capacidad motriz y la imposibilitó hasta este día para trabajar con comodidad en su labor de estilista.
Los múltiples doctores que consultó le diagnosticaron resfriado, infección en las vías urinarias, dengue, problemas en el sistema circulatorio, le extirparon la vesícula que le funcionaba al 7%, y por último, una depresión cercana a la demencia que le “exigía llamar la atención por ser la última de catorce hermanos”.
Visitó clínicas, hospitales generales, la unidad itinerante de la Cofepris, al doctor de la familia, médicos alternativos, especialistas y hasta una doctora particular que resultó con aires de siquiatra.
“Tú lo que tienes es depresión, me dijo la doctora y le pregunté qué había notado si no tengo motivos porque me siento completísima de tener al mejor marido y los mejores hijos y es ahora que estoy viviendo feliz nomás que no me deja este dolor”, externó Zoila.
La trabajadora de la salud insistió. La afectada abandonó la consulta. Un gastroenterólogo amigo de su esposo encontró que la vesícula era el problema y se procedió a su extracción. La salud mejoró pero algunos meses después los síntomas regresaron.
Al cabo de 24 meses, Zoila sus tres hijos y esposo resultaron con presencia de metales pesados en la sangre. Los menores presentaron padecimientos en la piel, su esposo un pequeño quiste en el riñón y a ella, le encontraron aluminio y cobre en el organismo.
En una de esas tantas visitas al especialista de la Cofepris videograbó a escondidas a una especialista al momento de admitir que el arsénico se había introducido al organismo de Zoila –según los síntomas que presentaba- y que nunca se lo encontraría en exámenes de sangre porque este metal pesado entra al cuerpo lo daña y lo abandona.
“Lo que sí digo es que todavía desconfío en los doctores porque pienso que esto tiene que ver con Grupo México y a lo mejor los doctores están comprados o amenazados, tal vez, cubriendo los síntomas que uno tiene”, acusó.
Lo cierto es que para las instancias federales es más barato y fácil informar y tratar a enfermos con supuestos daños sicológicos que a pacientes con un cuadro sintomatológico de intoxicación en sangre.
Lo evidente
Es necesario solo un breve recorrido por la zona para encontrar en cualquier esquina a los damnificados de este derrame y su interminable oleaje de afectaciones proyectada hasta el 2029, según la Comisión presidencial para la atención inmediata y permanente de los daños generados creada por instrucción de Enrique Peña Nieto el 12 de septiembre de 2014, un mes y seis días después de originado el siniestro.
Esta Comisión documentó que la solución minera rica en arsénico, cobre, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo se escurrió a los largo de los 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas; los 64 kilómetros del río Bacanuchi; y los 190 kilómetros del río Sonora hasta las presa El Molinito, que surte “parcialmente” de agua a Hermosillo.
En el informe denominado Actuación de Profepa con fecha del 15 de marzo del año pasado el sulfato de cobre acidulado (CuSO4) se derramó “por una falla en el amarre en un tubo de polietileno en una de las piletas de lixiviados; por falta de una válvula en el Sistema de Tinajas 1 y la no existencia de una pileta de demasías”.
Y detalla: “La empresa notificó del incidente a la autoridad federal por teléfono el 8 de agosto (dos días después del percance) y formalmente el 12 de agosto (seis días tras la negligencia)”.
No solo eso. Esta Comisión el 5 de marzo de 2015 levantó las dos clausuras temporales impuestas a la mina Buenavista del Cobre tras el derrame y por incurrir en 55 irregularidades que culminaron en multas económicas de 22 millones 959 mil 386 pesos.
“Son las sanciones más altas y significativas en cumplimiento a las leyes ambientales; están emitidas en los plazos y términos legales en coordinación con la Federación; y a la empresa aún le restan por cumplir las disposiciones emitidas por Cofepris, Conagua y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”, resaltó en aquella ocasión el titular de Profepa, Guillermo Haro Bélchez.
Y consignó: “No existe riesgo inminente para el medio ambiente o el equilibrio ecológico”.
La razón no le asistía al procurador ambiental esa mañana de martes durante la conferencia de prensa y el transcurso de los días se encargó de comprobarlo.
La ayuda no es suficiente
Desde hace dos años el enemigo está en casa. Los tóxicos mineros se filtraron en el ciclo hidrológico de las cuencas sonorenses, contaminaron tierras del cultivo, flaquearon la producción ganadera, afectaron en su salud a más de 624 pobladores ribereños y fluyeron hasta los hogares a través de la tubería de agua potable.
El análisis de exclusivo uso institucional filtrado a Proceso también exhibe que 41 de 355 muestras tomadas a las redes públicas de ocho municipios impactados con los metales pesados, incluyendo a la capital sonorense superaron la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994.
El ayuntamiento de Aconchi es el más afectado. De 50 muestras tomadas entre enero y febrero de este año, un total de 13 fueron reportadas “fuera de norma”, es decir un 26%. En Ures, de 49 pruebas realizadas a las redes de conducción de agua potable un total de 9 –que representan 18.3%- superaron los estándares de calidad para consumo humano.
En la comunidad Molino de Camou, en la zona rural nororiente de Hermosillo, de 10 muestras 7 resultaron con presencia de tóxicos mineros, un 58.8% de los reactivos sobrepasaron las reglas de salud.
Sin embargo, el director del organismo operador de Agua de Hermosillo, Renato Ulloa, defendió la pureza del agua en la presa El Molinito, en la batería de pozos adyacentes a esta infraestructura hidráulica y las redes de agua potable del casco urbano en Hermosillo, así como las extensas zonas rurales de la capital sonorense que están a su cargo.
“Nuestro principal trabajo, la labor número uno es agua de calidad a la gente porque si no hay salud todo se cae, primero que nada es lo que más hacemos (sic)”, enfatizó.
En la entrevista realizada el martes 2 de este mes, el funcionario de la paramunicipal hermosillense no pudo explicar por qué si el agua de la presa El Molinito es tan pura como asegura existen 14 casos confirmados por intoxicación de aluminio y arsénico.
“Ese no es un tema… que el… yo no dije que el agua de El Molinito está buena, no me lo han preguntado… es un tema de Conagua… ellos son los responsables de la calidad del agua y, sin embargo, nosotros también hacemos análisis… no hemos detectado problemas en El Molinito”, vaciló.
Los informes institucionales refutados por el director Ulloa también evidencian que en Baviácora, ubicado en el corazón del río Sonora, 5 de 51 pruebas ponen en riesgo la vida de quienes consuman esta agua.
En Huépac, otras 4 muestras se encontraron por encima de toda norma; 2 en Arizpe; 1 en Banámichi; y solo en San Felipe de Jesús el agua está apta para consumo porque en ninguno de los 45 estudios practicados se encontraron nocivos niveles de metales pesados.
Monopolio de la verdad
El delegado estatal de Segob, Wenceslao Cota Montoya, reconoció que a dos años del “peor desastre ambiental en los tiempos modernos de la industria minera» –como lo calificó el entonces titular de Semarnat, Juan José Guerra Abud- aún se tienen dos asignaturas pendientes: la edificación de la clínica de consulta para atender a damnificados y la instalación de 27 plantas potabilizadoras con capacidad para separar metales pesados –no 37 como se anunció en un principio- que serán entregadas para su funcionamiento en agosto y septiembre –las más pequeñas- y en octubre y noviembre -las de mayor capacidad.
El entrevistado precisó que hasta finales de julio el Fideicomiso Río Sonora –con un fondo inicial de 2 mil millones- había destinado mil 250 millones de pesos en el resarcimiento del daño y un remanente de 750 millones a utilizarse en el edificio para la atención de los damnificados y evaluación a 15 años del ambiente, así como en la infraestructura hidráulica que llevará agua de calidad a los pobladores y que a la fecha solo existe una en Bacanuchi, municipio de Arizpe.
La unidad epidemiológica lleva un avance de obra del 40%, admitió el delegado Cota Montoya y adelantó que no será entregada este año, como se anuncio pomposamente el 2015 por la Comisión presidencial.
Es de destacar que la única potabilizadora entregada por Semarnat –el 4 de febrero de 2016 tras 18 meses de contingencia- se encuentra suspendida debido a que no cuenta con el servicio de energía eléctrica por falta de pago y desde hace tres semanas habitantes de esta población colocaron cadenas y candados sobre las puertas de esta obra porque unos funcionarios federales amagaron con llevarse la maquinaria sin una razón justificada.
Cuestionado por la disparidad de la información oficial en comparación con la realidad palpable en las comunidades ribereñas, el delegado sonorense de Segob respondió:
“Es el punto de vista que se tiene que aclarar, es lo que debemos de encontrar en elementos de comunicación objetivos para evitar especulaciones. Yo no soy dueño de la verdad, pero tampoco soy ajeno a lo que se piensa y siente en la comunidad”.
Éxodo ribereño
De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2014 a 2016 un total de 488 habitantes de los ríos Sonora y Bacanuchi.
La emergencia ambiental orientó la migración de los pobladores sierreños con la finalidad de alejarse del foco de infección que representan las cuencas sonorenses.
El décimo tercer Censo de población y vivienda de 2010 arrojó que había 20 mil 395 residentes en los siete municipios afectados. Tras darse a conocer la Encuesta intercensal de 2015 un total de mil 220 pobladores abandonaron la sierra baja sonorense en el último lustro, a razón de 244 por año, que representa el3.62% del universo total de habitantes en esa región.
El Policiaco 24 